Azul: conocido contador fue procesado: lo acusan de haberse quedado con el campo de un cliente

    Contador que se quedó con un campo le dieron tres años de prisión en suspenso Héctor Fabián Aulicino,Contador azuleño que tiene 48 años, fue sentenciado ayer -tras la realización de un juicio oral en  Tandil- Además, el Juez que semanas atrás lo había condenado por el delito de "defraudaciones reiteradas" lo inhabilitó ayer por seis años para ejercer la profesión. ,también ordenó que  una vez que el fallo quede firme, el establecimiento rural objeto de este litigio sea restituido a quienes habían sido declaradas legítimas herederas de esa propiedad y se convirtieron en damnificadas por lo ocurrido. informara semanas atrás, el pasado día 7 del corriente mes el profesional había sido declarado en ese debate autor penalmente responsable del delito de defraudaciones reiteradas. El proceso tuvo como escenario el Juzgado Correccional que en la vecina ciudad serrana está a cargo del magistrado Carlos Pocorena. Según lo que quedara probado, aquel ilícito Aulicino lo cometió por medio de una serie de maniobras que le permitió quedarse con un campo propiedad de un cliente suyo luego de que ese hombre muriera, Ese establecimiento rural, de más de ochenta hectáreas, está situado en el Partido de Azul. La situación comenzó a quedar al descubierto cuando, tras el deceso del propietario del campo, dos hermanas que habían sido declaradas legítimas herederas de la propiedad denunciaron al ahora condenado en esta primera instancia ante la Justicia, lo cual sucedió en junio del año 2014. Ese ya referido 7 de diciembre que pasó, el Juez Correccional que intervino en este debate se había pronunciado a favor de declarar a Aulicino autor a título penal del delito por el que ayer lo condenó a tres años de prisión en suspenso y lo inhabilitó por el doble de tiempo de esa sanción para ejercer su profesión. Pero ante lo compleja y voluminosa que había sido esta investigación penal, que en su momento llevara adelante la fiscal Laura Margaretic cuando estaba a cargo de la UFI 2 con sede en el Palacio de Justicia local, decidió diferir el anuncio de la pena para el encausado y los fundamentos del fallo para ayer miércoles. Dado el tipo de sanción, una pena de prisión en suspenso y no de efectivo cumplimiento, que le impuso al acusado, el magistrado le dictó una serie de obligaciones que debe cumplir por el plazo de dos años, tal como habitualmente sucede en estos casos. Las mismas consisten en presentarse mensualmente en el Patronato de Liberados con asiento en Azul y en fijar domicilio. Además, otro dato importante surgido de lo que fue ese juicio oral que terminó ayer se relaciona con el establecimiento rural convertido en objeto de este litigio. Sobre dicha propiedad, Pocorena ordenó que una vez que este fallo quede firme los tres lotes que forman parte de ese campo les sean restituidos a las hermanas Andrea Fernanda y Patricia Edith Álvarez. Las declaradas herederas legítimas por testamento de dicho predio y damnificadas por esta maniobra de defraudación. Aquel día 7 ya mencionado, el juez Pocorena había rechazado un pedido de detención para el encausado y se pronunció a favor de absolverlo por Falsificación de documento público" , otro de los delitos que derivara en el procesamiento del profesional azuleño y por el que también fuera sometido a este juicio oral. Aquella medida cautelar para Aulicino, que terminó siendo denegada, la  Habian abían solicitado durante su alegato Elda Donatelli y Néstor Rodríguez, los abogados que -bajo la figura del Particular Damnificado- intervinieron en este debate en representación de las considerados legítimas herederos del campo. Marcelo Fuche, como defensor Particular del contador, también participó en este juicio. Y en representación del ministerio Público Fiscal lo había hecho la funcionaria María de los Ángeles Marsiglio. Las dos nietas del dueño del campo llamado "La Cueva", cuando Ángel de la Guarda Provenzano falleciera en abril de 2014 a los 87 años de edad, se habían convertido por testamento en las legítimas herederas de la propiedad. Pero después ambas descubrieron que el establecimiento rural ya no les pertenecía, constatándose en ese entonces que estaba a nombre del contador sentenciado ayer a esos tres años de prisión en suspenso, de quien Provenzano era su cliente. Ante lo irregular de la situación, las hermanas denunciaron a Aulicino en la Justicia, iniciándose aquella investigación penal que ahora, siete años más tarde, se tradujo en esta condena de primera instancia para el profesional azuleño. RECORDEMOS LA CAUSA  ENTRE TESTIMONIOS Y DOCUMENTOS TRUCHOS  – Las declaraciones de testigos y las pruebas documentales incorporadas a la causa sirven para entender mejor lo sucedido. Una de las nietas de Provenzano,  Andrea Álvarez , dijo en sede judicial  “estar convencida”  de que  “Aulicino le hizo creer a su abuelo que éste le compraba el campo que supuestamente le había adquirido a la viuda de Gómez Romero, pero en realidad su contador le estaba comprando, sin que su abuelo se diera cuenta  -y al parecer a un precio irrisorio-,  el campo denominado  La Cueva ”. Para ese entonces, la mujer sabía que el contador le había arrendado el campo a su abuelo, aunque ese contrato de alquiler estaba vencido. Lo curioso, según dijo, ocurrió cuando después del fallecimiento de Provenzano fue a verlo al contador para pedirle que desalojara el predio. En esa ocasión, la mujer declaró que Aulicino le dijo que en realidad él era el dueño del establecimiento rural, ya que lo había comprado en el año 2010. Adela Gómez Romero , que figura mencionada en ese otro acuerdo de compra-venta con Provenzano de un campo en cercanías a Chillar que en realidad el hombre nunca adquirió, sostuvo que la firma con su nombre que aparece en uno de los documentos secuestrados como prueba en esta causa penal no es la suya. Además, afirmó que ella no podría haber vendido nunca ese campo porque para la época en que esa transacción trucha se hizo, también en el año 2010, su papá aún vivía y era el titular del establecimiento rural. Un dato no menor es que tanto Provenzano como los Gómez Romero eran clientes del estudio contable de Aulicino. Al respecto, Adela Gómez Romero declaró que el encausado  “es muy amigo de su marido” , fue el padrino de su casamiento y  “el contador de su padre desde el año 2006-2007 aproximadamente” , del mismo modo que también lo era de ella. Eso explica para la Fiscal que el contador supiera todos los movimientos económicos de la familia Gómez Romero y que pudiera disponer de documentación del campo mencionado en esa operación comercial fraudulenta. De hecho, necesitó de la escritura del campo de esa familia para iniciar  “la artimaña legal”  que estaba desarrollando sin que Provenzano se diera cuenta para después, una vez que falleciera, quedarse con su campo. La escritura de ese establecimiento rural ubicado cerca de Chillar, a decir de Adela Gómez Romero, después nunca apareció. Y cuando le preguntó a Aulicino dónde podía estar, el contador le respondió que su papá la había perdido al dejarla sobre el techo de un auto, por lo que  “se había volado”. Para la Fiscal no hay dudas, teniendo en cuenta el testimonio de Adela Gómez Romero, que Aulicino fue  “el artífice de aquella ficticia operación”  de la venta del campo a Provenzano, lo que se convirtió en  “el primer eslabón para concretar la empresa criminal pretendida sobre el verdadero objeto delictual: el campo  La Cueva ”. Una pericia caligráfica a ese contrato entre Provenzano y el contador por la supuesta venta del campo indica que en esa copia aportada por el propio Aulicino está su firma, aunque no se puede arribar a igual conclusión con relación a la rúbrica del legítimo dueño de “La Cueva”. Además, informes médicos demuestran que para cuando supuestamente Provenzano le vendió el campo al contador tenía 83 años de edad y padecía diferentes inconvenientes sensoriales, ya que estaba sordo y casi no veía, una situación que a simple vista lo convertía en una persona fácil de engañar. Eso obligaba a que  “se le debieran leer los documentos a firmar, por su imposibilidad visual, lo cual permite explicar las firmas impresas del mismo en documentos que no reflejan su voluntad real” , agregó la titular de la UFI 2. Algo que para la funcionaria judicial confirma que Provenzano nunca le vendió el campo a su contador es que el hombre continuaba pagando los impuestos de su establecimiento rural “La Cueva” después de que lo hizo firmar -el 30 de abril de 2010- un contrato de compraventa a todas luces irregular. Esa situación, señaló Margaretic,  “demuestra que no era consciente de la supuesta transferencia dominial que implicaba dicho contrato”. Nota de prensa  de  EL CIUDADANO 

• 30/12/2021 • 21:57